El Gobierno vasco y las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa acordaron el pasado mes de julio en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP) hacer frente “a través de un esfuerzo financiero conjunto” al impacto económico que ha supuesto la repercusión de la sanción de 30 millones de euros impuesta a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por el retraso en la recuperación de las ayudas a las empresas en el marco de las denominadas ‘vacaciones fiscales’ vascas.
El Ejecutivo ha aportado algo más de 21 millones de euros, mientras que las tres diputaciones forales han pagado casi nueve millones, distribuidos según los coeficientes horizontales vigentes en 2014. Así, mientras el Gobierno ha aportado el 70%, del 30% restante Bizkaia ha abonado un 50% (4,5 millones de euros); Gipuzkoa, un 33% (2,9 millones) y Álava, un 16% (1,4 millones).
Pese al acuerdo alcanzado, los representantes del Gobierno autonómico y de las diputaciones no realizaron la rueda de prensa conjunta ante los medios de comunicación que suele celebrarse tras las reuniones del CVFP, compareciendo por separado. PNV y EH Bildu intercambiaron duros reproches por la “responsabilidad” de unos y otros en la sanción.