Gobierno vasco, entidades y SGR movilizan 200 millones para proyectos de I+D+i

La nueva herramienta financiera irá destinada a empresas industriales y centros tecnológicos

Los consejeros Azpiazu y Tapia, en el centro, junto a los representantes de las entidades financieras y de las sociedades de garantía recíproca que participan en el programa.

Un nuevo programa, impulsado por el Gobierno vasco junto con las principales entidades financieras y las SGR Elkargi y Oinarri, prevé movilizar este año 200 millones de euros para financiar la inversión en I+D+i y en eficiencia energética.

Enmarcado en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTi), el programa fue presentado por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, tras la reunión mantenida con los representantes de las principales entidades bancarias que operan en Euskadi -Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Caja Rural de Navarra, Banco Santander, Bankinter y CaixaBank- así como con los responsables de Elkargi y Oinarri y del Instituto Vasco de Finanzas.
La inversión total prevista por el citado programa asciende a 200 millones de euros, con una financiación de 75 millones a aportar por el Gobierno vasco y otros 75 por parte de las entidades financieras, corriendo la aportación restante -50 millones de euros- a cargo de los propios solicitantes.
Los beneficiarios serán empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes al sector industrial o de servicios conexos, los centros tecnológicos y los centros de investigación cooperativa, adscritos a la Red Vasca de Tecnología, que cuenten con proyectos de inversión con efecto incentivador a realizar en Euskadi hasta el 31 de diciembre de 2017.

Podrán acceder al programa proyectos de inversión

dirigidos a la investigación en el ámbito industrial,

científico-tecnológico o energético

Como destacaba en su presentación la consejera Tapia, la novedad de este ‘instrumento financiero’ está en el tipo de proyectos a los que va dirigido. En este sentido, tienen cabida en el programa proyectos dirigidos a la investigación fundamental, experimentales o teóricos; a la investigación industrial; al desarrollo experimental; aquellos dirigidos a elevar la eficiencia energética, adopción de energías renovables o sustitución de equipos a fuel o carbón. Igualmente se aceptarán proyectos de inversión de carácter científico-tecnológicos para transformar los resultados de la investigación en productos y servicios de alto valor añadido. Proyectos todos ellos que, según la consejera, pasan por una cadena de valor que va desde la investigación más básica hasta la más aplicada, fase en la que “existe un gap importante” que requiere apoyo mediante “una financiación extraordinaria”.
Si bien no se ha hecho una evaluación sobre la participación, el Gobierno vasco espera que tomen parte el máximo número de empresas posibles y que el programa se pueda ampliar el año próximo. La evaluación de las solicitudes de préstamo será realizada por un Comité con la participación del departamento de Desarrollo Económico, el Instituto vasco de Finanzas y las entidades financieras, con el apoyo de SPRI para los proyectos de I+D+i y científico-tecnológicos, y del EVE para las inversiones en eficiencia energética.

Un programa ejemplo de colaboración

El programa de apoyo financiero a la I+D+i es una expresión más de la colaboración público-privada para la captación de inversiones que favorezcan el desarrollo de proyectos tecnológicos tractores en Euskadi, tal y como lo destacaba el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu. El programa establece que el importe máximo a financiar será de cinco millones de euros y por un plazo de 10 años, con dos años de carencia opcionales. La financiación para la realización de los proyectos será aportada a partes iguales por el Instituto Vasco de Finanzas y las entidades financieras, a razón de 75 millones de euros cada parte, en tanto que las sociedades de garantía recíproca priorizarán la formalización de préstamos con su garantía en caso de proyectos inferiores al millón de euros. Las entidades solicitantes deberán aportar, al menos, un 25% de la inversión total.

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