En cumplimiento de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno central ha autorizado al vasco a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo por un importe máximo de 825 millones de euros, con un plazo máximo que vence el 31 de diciembre de este año. El dinero se destinará a atender necesidades transitorias de tesorería, mediante la renovación de cuentas de crédito con vencimientos durante 2023. Por otro lado, los últimos datos del Eustat señalan que el Gobierno vasco cerró –provisionalmente– el ejercicio 2022 con un déficit del 0,1% y un endeudamiento de 10.822 millones de euros, lo que equivale al 12,7% sobre el PIB de Euskadi.