El transporte de Bizkaia advierte de que el sobrecoste por los peajes repercutirá en cargadores y clientes

Asetrabi, Asotrava, Hiru y TransportBilbao muestran su oposición unánime a la implantación del canon y apelan a la Diputación Foral para que reconsidere esta media “discriminatoria” aplicada a un sector “estratégico”

Foto: Asetrabi

El pasado mes de octubre la Diputación Foral de Bizkaia hizo públicas las cuantías del canon por el uso de las carreteras de Bizkaia para los vehículos pesados aplicables a partir del 1 de enero de 2023. Las organizaciones representativas del transporte de mercancías en Bizkaia -Asetrabi, Hiru, Asotrava y TransportBilbao consideran que, “en un ejercicio de responsabilidad, la Diputación debería reconsiderar la implantación de peajes obligatorios a los transportistas, que desempeñan un papel estratégico en el abastecimiento de la población y la industria”.
Para los transportistas, ante una coyuntura económica inflacionista, que repercute de manera directa en todas las cargas económicas que soporta el sector, “el canon previsto afecta a la estructura de costes de las empresas y los autónomos en una media de entre 500 y 600 euros mensuales”.
“Nuestras organizaciones –aseguran– comparten la valoración de que, además de ser una medida fundamentalmente recaudatoria dirigida a cubrir el déficit de las cuentas públicas, es asimismo discriminatoria porque no afecta a todos los usuarios de las vías. En este sentido, supone, además, una merma en la competitividad de los transportistas locales, que ven gravemente penalizada su actividad dado que no afectará al tráfico en tránsito con origen y destino en otras comunidades”.
Las cuatro organizaciones advierten de que, “en caso de implantarse el peaje como ha sido anunciado, las empresas y los profesionales autónomos se verán obligados a repercutir el canon en sus facturas, con los consiguientes efectos adversos en los costes de toda la cadena logística en el escenario inflacionista antes mencionado”.
Según señalan los representantes de los transportistas, han trasladado en reiteradas ocasiones a los responsables políticos e institucionales su “rotunda negativa a los peajes, que contribuyen a agravar la situación de las empresas y los autónomos y se suman a otros graves problemas, como la escalada del precio del combustible”.
Por ello, consideran prioritario que los poderes públicos “apoyen a un sector considerado ‘esencial’, especialmente en situaciones de crisis como la que atravesamos. Lamentablemente, iniciativas de este tipo van en sentido contrario”, concluyen.

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