El secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, afirmó que es “muy probable” que Euskadi reciba un “porcentaje razonable” de los fondos europeos ‘Next Generation’ destinados al Estado, algo que no respondería a criterios de reparto territoriales, sino al importante peso y al “dinamismo” de la industria vasca.
Blanco, en una comparecencia online junto al delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, desglosó el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que movilizará los 140.000 millones de euros que corresponderán a España. Según dijo, el plan se apoya sobre 10 grandes palancas para la recuperación; una de ellas es la modernización y digitalización del tejido industrial.
Según apuntó Blanco, la industria y las pymes recibirán el 17,1% del total de los cerca de 60.000 millones de euros destinados a los proyectos de reconstrucción. Lo que enfatizó el secretario general de Industria es que las convocatorias de ayudas las realiza el Ministerio, que éstas se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que se presentan exclusivamente empresas porque, en definitiva, son ellas las destinatarias de estos fondos. “La ventanilla donde hay que presentar los proyectos está clara: el Ministerio de Industria. Lo que no se publica en el BOE no existe”, aseguró.

Blanco explicó que, al menos en el caso de industria, no existe un “criterio territorial” para el reparto de estos fondos, que se distribuirán de acuerdo a criterios de “concurrencia competitiva”. Para elegirlos se va a utilizar la sistemática de convocatorias ya existentes, que contarán con mayor dotación presupuestaria y se contemplan también los proyectos tractores, que se basarán en consorcios público-privados.
Unos proyectos tractores que deberán cumplir una serie de requisitos, como contar con una empresa líder y, al menos, cinco más y en las que el 40% sean pymes. Que tengan un presupuesto mínimo de 40 millones de euros y que sean innovadores. Hasta el 20 de enero está abierta la convocatoria para que las empresas manifiesten sus intereses.