El Gobierno vasco ha puesto en marcha el proceso de consulta previa para establecer la metodología que permitirá distribuir los recursos obtenidos a través del canon sobre las instalaciones de generación de energía renovable. El objetivo de esta iniciativa es definir, con criterios de transparencia, la forma en la que los ingresos procedentes de este canon van a revertir en las zonas que albergan grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos.

Adicionalmente, se definirá también el funcionamiento del Registro de Parques Eólicos y Fotovoltaicos de Euskadi afectados por este canon.

La consulta abre un espacio de participación para recoger las aportaciones que contribuyan a diseñar un sistema de reparto equilibrado, capaz de reforzar los beneficios que la transición energética genera en el ámbito local. De este modo, se da un nuevo paso en el desarrollo de los instrumentos previstos por la política climática y energética vasca, orientados a compatibilizar el despliegue de las energías renovables con el desarrollo sostenible del territorio.

Más de 655.000 euros anuales para apoyar actuaciones ambientales, energéticas y de adaptación climática en las zonas afectadas

El canon ha generado hasta la fecha una recaudación de 655.600 euros anuales correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026, un total de 1.311.200 euros. Dicha cantidad será objeto de distribución entre las zonas afectadas una vez se apruebe la metodología definitiva de reparto.

Estos recursos contribuirán al desarrollo de iniciativas alineadas con los objetivos de sostenibilidad, transición energética y adaptación climática impulsados por Euskadi.

La normativa prevé que las cantidades recaudadas se destinen de forma prioritaria a actuaciones relacionadas con la conservación, reposición y restauración del medio ambiente, así como a la promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables y la adaptación del territorio a los efectos del cambio climático.

Gracias a estos recursos, las zonas receptoras podrán impulsar proyectos que mejoren la calidad ambiental de su entorno, favorezcan una gestión más eficiente de la energía y refuercen la resiliencia frente a los impactos derivados del cambio climático. De esta manera, el canon se configura como una herramienta que contribuye a que la transición energética genere beneficios compartidos para los territorios que acogen las infraestructuras renovables necesarias para avanzar hacia un sistema energético más sostenible.

Un canon previsto por la Ley

La Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático estableció la creación de un canon aplicable a determinadas instalaciones de generación de energía renovable. La finalidad de este instrumento es que una parte de los ingresos generados por estas infraestructuras contribuya a financiar actuaciones de interés público en las áreas que soportan directamente su implantación.

La filosofía que inspira este mecanismo responde al principio de retorno territorial de los beneficios asociados a la transición energética. Así, las zonas afectadas por la presencia de grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos podrán disponer de recursos adicionales destinados a mejorar su entorno, impulsar proyectos sostenibles y favorecer una integración equilibrada de estas infraestructuras en el territorio.

El canon afecta a las grandes instalaciones

El canon de energías renovables se aplica a las instalaciones con una potencia superior a cinco megavatios (MW). Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las instalaciones ubicadas en suelo industrial, aquellas destinadas al autoconsumo y los proyectos con una potencia de generación inferior a los cinco megavatios. 

Esta delimitación busca centrar el instrumento en las instalaciones de mayor dimensión, al tiempo que preserva el desarrollo de iniciativas orientadas al autoconsumo.

La metodología cuyo diseño se somete ahora a consulta completa la regulación aprobada en diciembre de 2025, momento en el que se activó la recaudación efectiva del canon a cargo de los titulares de las instalaciones renovables afectadas.

El objetivo es garantizar que los recursos obtenidos puedan distribuirse de forma eficaz entre las zonas en las que operan grandes desarrollos renovables, siguiendo criterios que reflejen adecuadamente su presencia e impacto territorial.