El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco va a destinar 71,6 millones de euros a financiar programas de ayudas al alquiler social y a la rehabilitación de viviendas.
Esta iniciativa se articula en tres líneas. A la primera se asignan 38 millones de euros en subvenciones para el impulso de la rehabilitación de edificios residenciales y viviendas mediante reformas estructurales (cubiertas y fachadas), accesibilidad (instalación de ascensores, fundamentalmente) y eficiencia energética.
Del total nueve millones se devengarán en el presente ejercicio, en el que se comprometen gastos por 24 millones para 2023; y para los siguientes dos años, 2,9 y dos millones, respectivamente. Se estima en más de 250 millones de euros las inversiones privadas (básicamente por cuenta de las comunidades de personas propietarias) que se movilizarán con las citadas subvenciones.

La segunda línea se dirige a la promoción del arrendamiento protegido, a la que se destinarán 19 millones de euros; este año se devengarán 1,7 millones y se comprometerán gastos por 5,5 para 2023, y 11,8 para 2024. Fundamentalmente, se emplearán en el fomento de operaciones de nueva promoción o mediante rehabilitación de viviendas preexistentes previa su adquisición, de viviendas en alquiler social y asequible por parte de promotores públicos y privados.
También a la promoción de alojamientos dotaciones (ADA), el fomento del ‘cohousing’ o viviendas colaborativas por parte de la iniciativa social, el programa Alokairu (nuevo mecanismo de colaboración público-privada, en virtud del cual se ceden a largo plazo edificios privados al Gobierno a cambio de rentas aseguradas a los inversores institucionales) y el fomento de actuaciones en alquiler en zonas despobladas.
Por último, un total de 14,1 millones se asignan para subsidiar durante los próximos 20 años (más el periodo de carencia) los puntos de interés de los créditos que concedan las entidades financieras a promotores públicos y privados, a hogares y comunidades de personas propietarias, y a asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas en cesión de uso, para la promoción de viviendas de alquiler protegido y rehabilitación integral (accesibilidad, eficiencia energética, digitalización, obras derivadas de ITE, y movilización vivienda deshabitada mediante rehabilitación o reforma previa), a través de los convenios financieros del Gobierno con las entidades de crédito operantes en Euskadi.