El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la activación del primer paquete de medidas del escudo industrial de Euskadi con 1.047 millones de euros, con una subida del 51,4% en ayudas para la transformación y diversificación de las pymes. Las medidas presentadas en el Consejo de Gobierno buscan dar respuesta a las principales necesidades trasladadas por los representantes de la industria vasca para hacer frente a las consecuencias del conflicto de Oriente Medio.

Este paquete de medidas del escudo industrial para proteger la industria, la economía y el empleo en Euskadi, se estructura en torno a cuatro ejes:
   • Protección de las personas y el empleo.
   • Apoyo financiero para la pyme.
   • Transformación y diversificación de las pymes.
   • Autonomía energética.

Entre las partidas presupuestarias que se van a destinar a cada uno de los ejer, destacan, los 105 millones de euros a la protección de las personas y el empleo; la puesta en marcha del programa de apoyo financiero para pymes con 450 millones de euros; las ayudas para la transformación y diversificación de las pymes se incrementan en un 51,4%, hasta los 277 millones de euros, o los 215 millones de euros para ganar en autonomía energética.

Este paquete de ayudas ha sido anunciado conjuntamente por los consejeros de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres; de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou; y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi.

Ampliación del Programa de Apoyo Financiero

Otra de las medidas aprobadas en Consejo de Gobierno y también para hacer frente al impacto del conflicto en Oriente Medio, ha sido la ampliación a lo largo de 2026 del Programa de Apoyo Financiero dirigido a las empresas vascas. “Esta decisión supone la continuidad de una herramienta extraordinaria puesta en marcha el año pasado y que, debido a la persistencia de las incertidumbres globales, se ha revelado fundamental para sostener la actividad empresarial en Euskadi”, ha explicado la portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena.

El Programa de Apoyo Financiero aprobado para 2026 mantiene una capacidad máxima de 450 millones de euros en préstamos destinados a cubrir necesidades de liquidez y financiación de circulante. La garantía de estos préstamos será asumida íntegramente por Elkargi S.G.R., mientras que la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi ejercerá un papel clave en su reafianzamiento. Esta estructura permitirá movilizar recursos en condiciones especialmente favorables, reduciendo el coste financiero y facilitando el acceso al crédito incluso a empresas que, en el contexto actual, podrían tener más dificultades para obtenerlo en el mercado.

Nuevo decreto para el Programa Emantzipa

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Decreto por el que se regulan las ayudas del Programa Emantzipa, una medida con la que el Gobierno vasco refuerza su compromiso con una política pública integral orientada a facilitar el inicio y la consolidación de los procesos de emancipación de las personas jóvenes en Euskadi. El decreto se enmarca en la estrategia del Ejecutivo vasco para favorecer una emancipación más temprana, estable y sostenible.

El nuevo Decreto regula una ayuda económica directa de 300 euros al mes durante un máximo de 24 mensualidades dirigida a personas jóvenes de entre 23 y 29 años, con domicilio en la Comunidad Autónoma de Euskadi e ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o hasta 36.500 euros en caso de tributación conjunta con cónyuge o pareja de hecho. La ayuda está pensada para quienes residan en una vivienda libre en régimen de alquiler o sean titulares de una vivienda libre en compraventa con hipoteca o préstamo en vigor, siempre que constituya su domicilio habitual y permanente.

Protocolo de actuación en asuntos religiosos

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación del Decreto 36/2024, que integra en el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico la gestión de la propuesta y ejecución de la política del gobierno relativa al ejercicio del derecho a la libertad religiosa, así como la gestión de la diversidad religiosa. En aras de mejorar la eficacia y la amplitud del derecho a la libertad religiosa y de culto de la ciudadanía, dicho departamento ha aprobado un Protocolo General de Actuación con la Dirección General de Libertad Religiosa del Gobierno de España y la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Se creará una comisión de seguimiento integrada por seis miembros (dos por cada entidad) que se reunirá con carácter anual. Por su parte, el presente protocolo no supone gasto ni dará lugar a contraprestación financiera entre las partes firmantes.

646.750 euros para la Creación Cultural

El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 2026 para apoyar procesos de Creación Cultural. Este año, como novedad, la convocatoria incorpora también las modalidades de creación gráfica, que hasta ahora se gestionaban mediante una convocatoria específica independiente.

El Gobierno vasco destinará 646.750 euros a esta convocatoria, un 5,5% más que el año pasado, dirigida a la elaboración de textos teatrales, guiones cinematográficos, composiciones musicales, textos literarios en euskera para jóvenes, cuentos y novelas cortas en euskera, coreografías, y, como novedad, a procesos de creación gráfica destinados a obras en formato cómic y novela gráfica, y álbum y libro ilustrado.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Coordinación para agilizar la homologación de títulos extranjeros

Por último, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la aprobación de un convenio entre el Departamento de Educación y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galicia para reforzar la colaboración en materia de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.

El objetivo de este acuerdo es facilitar una tramitación más ágil, homogénea y segura de los expedientes, mejorando la coordinación entre las administraciones competentes y favoreciendo que las personas que han cursado estudios en el extranjero puedan continuar su formación con mayor rapidez.

El convenio no tiene contenido económico y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro.