Desde al menos el 20 de febrero o el 13 de marzo todos los que estén leyendo estas líneas habrán escuchado probablemente términos como “whistleblowing”, “ley de protección al informante” o “canal de denuncias”. La causa la encontramos en la aprobación de la Ley 2/2023, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que entró en vigor en la segunda de las fechas indicadas. El objetivo que me propongo al escribir este artículo es destacar los puntos principales de la nueva normativa para permitir a todos los que tengan nociones profundizar en la regulación, e ilustrar mínima
Borja Castiella López-Aróstegui
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