Transcurrido un año desde la reforma del Código Penal, en la cual se establecen los criterios que deben seguir las empresas para prevenir la comisión de delitos, tanto por sus administradores y representantes legales, como por sus directivos y empleados, solo una de cada 10 pymes en España ha implantado hasta el día de hoy un programa de cumplimiento normativo y prevención de delitos (comúnmente denominado Compliance), según la red de auditorías y despachos de ámbito nacional GRM Audit.
Aunque la jurisprudencia generada por el Código Penal es escasa, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias, el 29 de febrero y 16 de marzo de este año, condenando a la persona jurídica por conductas delictivas recogidas ya en la Reforma del Código Penal de 2010.