Más de 570 organizaciones de sociedad civil del Estado español han creado la Plataforma de las Empresas Responsables, entre cuyas demandas destaca la aprobación de una ley estatal que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor.
Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables abogan por una ley con cinco elementos clave, entre los que se encuentra la obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes y sancionar el incumplimiento de esta obligación.
La regulación de la debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la Unión Europea (UE) está trabajando en una directiva de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, cuyo primer borrador se presentará después de este verano. Varios países de la UE (Francia, Alemania y Noruega) han aprobado ya legislación en la materia y otros como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo tienen procesos abiertos.