Los consejeros de Empleo y de Economía y Hacienda, Beatriz Artolazabal y Pedro Azpiazu, mantuvieron una reciente reunión con los responsables de Ehlabe, la asociación de entidades de empleo protegido de Euskadi, con el fin de analizar nuevas vías de colaboración en los centros especiales de empleo. Así, Azpiazu recordó que desde el pasado mes de marzo cada órgano de contratación del sector público debe tramitar como contratos reservados al menos el 5% de los importes base de licitación en determinada categoría de contratos, compromiso que podría suponer un incremento del 30% en la facturación anual de las empresas de inserción de Euskadi y de sus 76 centros especiales de empleo. En 2017, la cuantía susceptible de reserva habría rondado los nueve millones de euros.
Artolazabal, por su parte, destacó los 33,7 millones de euros destinados en 2018 a fomentar la integración laboral de personas con discapacidad en estos centros y los 10,22 millones para potenciar la creación y sostenimiento del empleo en las empresas de inserción, entre otros. En la actualidad trabajan en Euskadi 8.629 personas con discapacidad. La tasa de actividad es del 39,4% y la de paro del 15,9%, lo que coloca a la CAV a la cabeza del Estado.