La luz verde definitiva a que el consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y que completan el Gobierno vasco, a través del Fondo Finkatuz, y las fundaciones bancarias BBK y Vital, se convierta en el accionista referencial de Talgo, está al caer. Pese a que ya han transcurrido cuatro meses desde que se anunciara un principio de acuerdo para la adquisición al fondo inversor británico Trilantic, que de esta manera saldría del accionariado, del 29,7682% del paquete accionarial de la empresa ferroviaria, el optimismo en torno a que este mismo mes pueda dársele oficialidad a una operación compleja, es patente. Así lo aseguró el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, quien señaló que “la operación está cerca de cerrarse”, además de apuntar la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pueda incorporarse a la misma. 
El principio de acuerdo anunciado el pasado mes de febrero incluye un pago de hasta cinco euros por acción por parte del consorcio liderado por Jainaga, estructurado en dos partes. Por un lado, un precio fijo de 4,15 euros por acción. Y un segundo variable, que es lo que, entre otras cosas, está siendo objeto de negociación en la actualidad, de 0,85 euros, en función del cumplimiento por parte de Talgo de determinadas magnitudes financieras durante los ejercicios 2027 y 2028. Eso implica un precio fijo de 153 millones por el paquete accionarial de Trilantic, que podría ascender hasta algo más de 184 millones en caso de que el variable haga que cada título alcance los cinco euros. El primer desembolso contará con una inyección, a partes iguales de 45 millones, de Jainaga, Finkatuz y la Fundación BBK, mientras que el aporte de Vital será de 20 millones para alcanzar la suma total de 155 millones de inversión. 

El grupo que lidera Jainaga y completan el Gobierno vasco las fundaciones BBK y Vital podría llegar a pagar hasta cinco euros por acción, un fijo de 153 millones que podrían ser 184

Plan industrial a la altura 
Además de la negociación por el porcentaje variable del precio de la acción, hay otros factores sobre la mesa que están siendo analizados con lupa por la complejidad de la operación y que están influyendo en el retraso de su oficialidad. Por un lado, la multa que Renfe impuso a Talgo por el retraso en la entrega de un pedido por 1.281 millones de 30 trenes de alta velocidad, que asciende a 116 millones. Y, por otro, la elaboración que se está llevando a cabo, de forma paralela, de un plan industrial de garantías que permita afrontar la copiosa cartera de pedidos de Talgo, que asciende a más de 4.000 millones de euros. “La operación es compleja y hay que ir salvando temas como el de las multas”, dijo un d’Anjou, que admitió que “esa complejidad condiciona la posible refinanciación de la deuda, otro de los aspectos que hay que despejar para que haya un plan industrial de garantías”. Al margen de las operaciones en su accionariado, la actividad de la compañía no se detiene, como demuestra la reciente adjudicación de la alemana Flix de hasta 65 trenes de alta velocidad por 2.400 millones. El proceso de restructuración del capital, eso sí, está afectando a la compañía, que anunció su decisión de retirar la guía de mercado para 2025 ante la dificultad de estimar con precisión las principales magnitudes del negocio. Esta operación permitiría el arraigo en Euskadi de Talgo, que  emplea a más de 700 personas en su planta de Rivabellosa (Araba), además de generar otros 5.000 empleos indirectos, ya que tracciona a unos 400 proveedores vascos de la industria auxiliar.