El Gobierno español, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha coordinado el pago al País Vasco de más de 14 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2023. Se trata de los primeros pagos de la nueva PAC 2023-2027, que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que deja un total de más de 3.475 millones de euros para todas las comunidades autónomas durante la campaña de 2023, y cuyo plazo de pago anticipado se inició el 16 de octubre. El importe global de más de 3.475 millones es similar al efectuado en otras primeras campañas en las que se ha puesto en marcha una nueva PAC, debido a las especificidades que implican estos años de transición.

La nueva PAC 2023-2027 deja más de 3.475 millones en ayudas directas a todas las comunidades autónomas, lo que constituye cerca del 90% de los pagos anuales del FEAGA

En el caso de la PAC 2023, el periodo de presentación de solicitudes comenzó en marzo, un mes después de lo habitual, ya que la normativa exigía realizar la conversión de derechos de pago básico a derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. El plazo inicialmente previsto se amplió en un mes, hasta el 30 de junio, a solicitud de las comunidades autónomas y del sector, para facilitar su adaptación a las novedades en la gestión de las solicitudes. Esto ha conllevado también ampliaciones de plazos para la modificación de solicitudes, la presentación de fotografías georreferenciadas y la gestión de incidencias derivadas de los controles por monitorización.
La nueva PAC ha incorporado nuevas intervenciones, como los ecorregímenes; o nuevos requisitos, como los establecidos en este periodo de cara al cumplimiento de la condición de agricultor activo, que requieren controles adicionales a realizar por parte de las comunidades autónomas antes del pago de las ayudas, con el fin de garantizar así el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea.
De igual manera, se han reforzado los controles para evitar que se puedan solicitar ayudas directas de forma fraudulenta sobre superficies que el solicitante no tiene a su disposición (ya sea en propiedad o en régimen de usufructo, arrendamiento o aparcería).