La sentencia dictada el pasado mes de julio por el Tribunal Constitucional con respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la ley vasca de EPSV aprobada por el Parlamento vasco en febrero de 2012, significó en principio el veto a una de los elementos diferenciales de los planes de pensiones vascos con respecto a los del resto del Estado, esto es, eliminó la posibilidad de poder rescatar el capital aportado al cabo de los 10 años.
Aún cuando el Gobierno vasco se apresuró a tranquilizar a los partícipes declarando que la medida no tendría carácter retroactivo, lo cierto es que la misma introdujo un factor de sorpresa y zozobra en el sector, más si cabe cuando el propio Gobierno central anunciaba poco después que la nueva reforma de los planes de pensiones contemplaba como posibilidad una capitalización similar a la denunciada.
En este sentido, Aitor Emaldi, representante de la Asociación Europea de Entidades de Previsión del Sector Público abogaba en Bilbao por una estabilidad normativa a largo plazo y por la transparencia, así como por el establecimiento de un sistema de pensiones basado en los tres pilares (público, de empresas e individual) “teniendo en cuenta que la solución ha de ser consensuada, estable, predecible y transparente”, recalcó. Además, según este experto, las medidas fiscales deben potenciar el cobro y la prestación en forma de renta.