El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha enviado a Bruselas el Plan Estratégico para la Política Agrícola Común (PAC), dotado con 47.724 millones hasta 2027. Se prevé que la CE lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

El plan de aplicación de la PAC en España, dotado con 47.724 millones de euros hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores, supone un “potente” instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector.
En concreto, el plan supone más de 4.800 millones de euros en ayudas directas anuales, otros 700 millones en medidas de mercado, incluyendo los programas sectoriales, y 1.700 millones para desarrollo rural.
Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, España contará con una PAC “más justa, más social y más sostenible” para potenciar un sector agroalimentario estratégico, que tendrá “el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia con las nuevas demandas de los consumidores”.
El objetivo del Gobierno español es , según Planas, “apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad”, al tiempo que se impulsan “cambios, profundos, pero graduales, que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos”.

Planas ha señalado que este trámite supone “la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas para definir el contenido de la propuesta, y ha mantenido contacto y diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, y las organizaciones civiles de carácter ambiental, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la propia CE”.
El Plan Estratégico es un instrumento “determinante” para garantizar la viabilidad de los sectores agrícolas y ganaderos, que son la base del sistema agroalimentario y el principal motor económico de la España rural. Para ello, contempla apoyos enfocados a la mejora de la competitividad de las explotaciones mediante las ayudas a rentas, el servicio de asesoramiento y las medidas de desarrollo rural en favor de la innovación, la mejora del conocimiento, las inversiones y la digitalización del campo.