El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación ha concluido la fase de participación pública del Anteproyecto de Ley de Universidades. Las cerca de 500 aportaciones realizadas por responsables y comunidad universitaria, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado en Bilbao el estado actual del Anteproyecto de Ley de Universidades, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha. Algunas se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate. Lo importante es que hoy contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria. Los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

El consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional.

Refuerzo sistema universitario

Tras los cambios el anteproyecto de ley delimita con mayor precisión el ámbito del Sistema Universitario Vasco. De este modo, la planificación del Gobierno Vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Otro de los principales cambios del texto refuerza la ética en la actividad universitaria. La norma atribuye a las universidades la responsabilidad de promover y velar por el cumplimiento de los principios éticos que deben regir la conducta de los miembros de la comunidad universitaria en todas sus actividades. Este refuerzo incorpora también las aportaciones del Foro Experto sobre Evaluación Científica, impulsado este año por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.

Se flexibiliza la carrera académica

Por otra parte, la reforma incrementa el límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

El anteproyecto introduce una regulación más flexible de la carrera académica para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación. Así, contempla la posibilidad de incorporar a la carrera académica a profesionales de ámbitos no estrictamente académicos, como los empresariales y sociales.

La norma también flexibiliza las condiciones de las estancias en centros de prestigio internacional, aunque seguirán siendo un elemento de valoración para promocionar en la carrera académica.

Con relación a los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, el texto remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario.

Rendición de cuentas y mayor valor añadido

Por otra parte, el anteproyecto ajusta los mecanismos de control del sistema económico-financiero de las universidades para reducir la carga burocrática sin renunciar a los principios de rendición de cuentas y transparencia.

Finalmente, el nuevo texto de la norma fortalece la armonía y la coherencia del Sistema Universitario Vasco. Para ello, establece que los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación con la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación.