El Consejo Económico y Social Vasco ha emitido un informe sobre el 'Anteproyecto de Ley de Universidades', presentado a consideración por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. El dictamen ha sido aprobado por mayoría, con el voto particular de LAB. Tras analizar el escrito y valorar la oportunidad y el esfuerzo realizado para actualizar el marco normativo que regula el Sistema Universitario Vasco, el CES considera oportuno realizar varias consideraciones en relación con la adecuación del contenido del Anteproyecto de Ley.

Como consideración previa, el órgano consultivo advierte que el Anteproyecto entra a regular diversos aspectos que hasta ahora no eran objeto de regulación –cuestiones organizativas y de procedimiento–, y que no todos merecen la misma consideración. En este sentido, recomienda que la Ley incorpore una Disposición Final de desarrollo reglamentario y que acompañe la aprobación de la misma de un calendario de normas de desarrollo.

A continuación, el informe se detiene ampliamente en la cuestión del modelo universitario y su evolución. Así, señala que la universidad está llamada a acompañar a las personas a lo largo de su trayectoria profesional, procurando que el conocimiento que genera pueda incorporarse de manera efectiva a la actividad económica y a los servicios públicos. Desde esta perspectiva, el CES considera conveniente reforzar en el Anteproyecto el tratamiento de la formación permanente y del aprendizaje a lo largo de la vida, y sugiere que, junto a los títulos propios tradicionales, la ley debería contemplar las microcredenciales y otras modalidades de formación breve.

Asimismo, plantea que el Plan Universitario debería incluir el diagnóstico de las necesidades de cualificación y recualificación de la población adulta cuando la incorporación a la formación universitaria pueda favorecer su empleabilidad o su desarrollo profesional, así como líneas de apoyo vinculadas a la evolución del tejido productivo y a los cambios tecnológicos.

En cuanto a la transferencia del conocimiento, aunque el Anteproyecto parte de una base normativa más desarrollada, pues reconoce expresamente la transferencia como una función esencial de las universidades, el informe sugiere dotarla de instrumentos suficientes para que pueda desplegarse eficazmente la colaboración entre universidad y tejido socioeconómico. En su opinión, la ley debería contribuir a reducir las barreras existentes estableciendo unas condiciones mínimas comunes que hagan más accesible y transparente la relación con las universidades, y apuesta por establecer modelos normalizados de acuerdos.

Para el correcto desarrollo de esta colaboración se propone completar el Anteproyecto con una regulación específica de la explotación y valorización de los resultados de investigación, así como llevar a cabo una revisión del tratamiento del emprendimiento universitario y de la venta de patentes como fuente de ingresos universitarios. También señala la conveniencia de actuar sobre los procedimientos de contratación con terceros, a través de procedimientos simplificados para contratos estándar, y prever plazos máximos de respuesta.

En conjunto, las mejoras propuestas permitirían reforzar dos dimensiones crecientemente determinantes para el futuro del Sistema Universitario Vasco. Por un lado, una universidad capaz de acompañar a las personas durante toda su vida profesional mediante respuestas formativas flexibles. Por otro, una universidad capaz de transformar el conocimiento generado en innovación y actividad socialmente útil.

Tras este primer punto dedicado al modelo universitario, el CES se detiene en la vinculación entre la oferta formativa e investigadora y las necesidades socioeconómicas y Gobernanza. En este ámbito, el Consejo señala que el Anteproyecto adolece de una falta de concreción de los mecanismos de vinculación entre la oferta formativa e investigadora y las necesidades socioeconómicas, que faciliten que esa oferta llegue al conjunto de la sociedad, al sistema productivo, a las empresas y a las pymes.

Para conseguir que los mecanismos de vinculación sean efectivos, el informe señala dos acciones esenciales. En primer lugar, acometer el refuerzo de la entidad institucional del Consejo Social de la EHU, ya que la ubicación planteada en el Anteproyecto representa un descenso de rango normativo respecto a la vigente Ley 3/2004, del Sistema Universitario Vasco (LSUV). En segundo lugar, mantener la representación de la organización empresarial más representativa y de las organizaciones sindicales más representativas en el Consejo Social, en igualdad de condiciones y sin perjuicio de que pueda preverse representación adicional de otras organizaciones mediante ampliación o ajuste de la composición.

El informe hace referencia también a la defensa de los derechos laborales del personal universitario, solicitando la inclusión del personal investigador en la RPT, la eliminación de topes restrictivos y garantía de cobertura de ausencias, la consolidación progresiva y la negociación colectiva de los complementos retributivos. También plantea la conveniencia de establecer un pacto por la retención, atracción y estabilización del talento académico e investigador en la universidad pública, la consideración de la movilidad internacional como mérito no excluyente y garantías de conciliación, la transparencia, control y garantías laborales en las figuras visitantes y distinguidas, y el freno al pluriempleo encubierto y vulneración de la Ley de Incompatibilidades.

En relación con la defensa de la autonomía universitaria y gobernanza, el CES señala cinco aspectos a mejorar en la normativa presentada: la aprobación universitaria de la Oferta de Empleo Público dentro del límite de costes autorizado; la potestad autoorganizativa de la universidad sobre la RPT; la protección del servicio público frente a sanciones desproporcionadas; las garantías sindicales en los expedientes disciplinarios; y el reconocimiento mutuo y portabilidad de las acreditaciones.

En cuanto al modelo Universitario, Financiación y PTGAS, el órgano consultivo plantea otras cinco acciones de mejora, relacionadas con la carrera profesional, retribuciones y evaluación del PTGAS; la inclusión del PTGAS en el Plan Universitario; la formación del PTGAS dentro de la jornada laboral; la financiación estructural basal de la universidad pública; y la prioridad de la universidad pública y garantías en la creación y financiación de universidades privadas.

Las garantías y los derechos estructurales son también objeto de análisis del informe. Aquí el CES ha detectado ciertas carencias en cuanto a la regulación de aspectos que se consideran relevantes para el adecuado funcionamiento de la EHU, así como para garantizar la protección de las condiciones laborales de su personal, por lo que se propone que se analice la conveniencia de incluir cuestiones como la protección del personal temporal e interino en las bolsas de trabajo que no obtenga plaza definitiva tras procesos selectivos o la regulación del teletrabajo.

Por último, el dictamen se detiene en el tratamiento de la igualdad. En este punto, el CES menciona, por un lado, que la corrección de la brecha salarial debería ser encuadrada en un plano diferenciado al de los Planes de igualdad, y por otro lado, que las medidas de conciliación planteadas no contribuyan a perpetuar roles de género, como sucede con la redacción actual, en la que se presupone que las necesidades de conciliación recaen en las mujeres.

Dictámenes: https://cesegab.eus/es/dictamenes/