El seguro D&O protege el patrimonio de los altos cargos frente a reclamaciones de terceros, perjudicados por una decisión o negligencia. Entidades como Laboral Kutxa ofrecen el asesoramiento especializado y la posibilidad de contratar esta protección.

La Ley de Sociedades de Capital establece que todas las organizaciones deben contar con un órgano de administración que se encargue de su gestión. Ser administrador supone ser una representación de la empresa y, por tanto, actuar en su nombre en todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de sus fines sociales, desde contratar o despedir personas empleadas hasta firmar contratos con terceros.
Así, la ley establece que ante cualquier problema, la persona administradora está obligada a responder frente a los socios y acreedores de la compañía con su patrimonio por actos contrarios a la ley, los estatutos o a sus funciones.
Asesoría experta
Hay varios elementos que pueden ayudar a las personas administradoras a protegerse de situaciones indeseadas que pongan en peligro su patrimonio, entre ellas los ‘pactos de socios’, las separaciones de bienes, el ‘compliance’ o los seguros de responsabilidad civil D&O para administradores y directivos, una modalidad de seguro que garantiza a estas personas protección ante posibles hechos que dependan de su responsabilidad.

Un seguro D&O (Directors and Officers por sus siglas en inglés) “puede responder cubriendo esa responsabilidad civil cuando esas personas administradoras y directivas sean legalmente responsables de esos daños y perjuicios durante el ejercicio de sus funciones”, explican desde la división de Seguros de Laboral Kutxa.
La entidad cooperativa, que el pasado año lanzó al mercado una nueva cobertura de ‘Protección frente a Ciberriesgos’ pone también a disposición de la empresa un equipo de profesionales especializado en este tipo de seguros D&O con los que dar cobertura y garantía de seguridad a sus directivos en casos como negligencias en la prevención de riesgos laborales, en la contratación de servicios externos, en la firma de contratos, en reclamaciones medioambientales, en materia laboral por parte de la autoridad o de la propia persona trabajadora, o en aquellas procedentes de hacienda o la Seguridad Social, entre otras.