La sentencia del Tribunal General de la UE en contra de la Comisión Europea se ha producido a favor de los recursos que fueron presentados por el Reino de España, Pymar –sociedad que agrupa a los principales astilleros privados, entre los que se encuentran Balenciaga, Zamakona, Murueta y La Naval– y LICO Leasing. La sentencia anula la decisión de un procedimiento iniciado en junio de 2011 y que afectaba a 273 transacciones por un valor de 8.727 millones de euros. Además condena a la CE en el pago de las costas.
Tras esta sentencia, la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, expresó su satisfacción por la sentencia y subrayó la “ejemplar estrategia de unidad y coordinación entre todos los agentes del sector en España y de un infatigable trabajo jurídico”. En ese mismo sentido se pronunciaron el presidente del Foro Marítimo Vasco, su Junta Directiva y las empresas asociadas, algo que consideran que “no se habría producido de no ser por la cohesión público-privada con la que se ha actuado frente a un tratamiento discriminatorio por parte de la Comisión Europea y ante una sentencia arbitraria e injusta”.
Por todo ello, tanto Pymar como el Foro Marítimo Vasco han anunciado que ya están estudiando todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado, tanto en cuanto al empleo, al ámbito económico y al de su reputación.